Justicia para todos

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“Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido,
de lo contrario ya no sería justicia.”
Paul Auster

Seguramente usted recuerda lo tortuoso y caro que era enfrentar un asunto de carácter penal para que al final no se hiciera justicia. Todo era por escrito, el juzgador nunca estaba presente en las audiencias y las autoridades encargadas de investigar carecían de las herramientas mínimas indispensables para hacer su trabajo, ello sin contar viejas prácticas por todos conocidas en las que se usaba la violencia para arrancar la confesión de los acusados, lo que hacía que en muchas ocasiones se cometieran injusticias.

Estas y otras circunstancias detonaron que en 2008 fuera aprobada una ambiciosa reforma para implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal. En un plazo de 8 años, que concluyó en 2016, todas las entidades del país adecuaron sus leyes, capacitaron a los encargados de administrar e impartir justicia y adaptaron su infraestructura para poder enfrentar los retos del nuevo sistema, cabe resaltar que algunos lo hicieron mejor que otros, lo que dependió del compromiso del gobernante y los operadores.

Ahora los juicios son orales, el juez debe estar presente en todas las audiencias, se respetan los derechos humanos de las personas, se privilegia la reparación del daño y los delitos no graves se resuelven a través de medios alternos de solución de controversias, como la mediación.

Se trata de un modelo que privilegia los derechos humanos tanto de las victimas como de aquellas personas a quienes se les acusa de haber cometido un delito. Ello ocasiona que si no está bien realizada una investigación o se violan los derechos del presunto culpable, éste queda libre, generando una percepción de impunidad.

En una posición más política que técnico-jurídica, en los últimos meses diversos actores políticos han planteado reformar este sistema para devolverle al Ministerio Público la Fe Pública, es decir, que todas sus actuaciones hagan prueba plena; que el Ministerio Público pueda emitir órdenes de búsqueda, localización y presentación de personas y darle valor de prueba a los testimonios de oídas, entre otras cosas, lo que representaría regresar a las viejas prácticas en las que la autoridad Ministerial podía corromperse con facilidad.
Usted y yo sabemos que el anterior sistema no funcionó, nos generaba corrupción, impunidad, opacidad, violación de derecho humanos, ineficiencia e ignorancia de algunos, por lo que una reforma que regrese al anterior sistema sería incluso peor que antes.

Si bien el sistema está en proceso de consolidación y aún es perfectible, debemos apostarle a fortalecer las instituciones y a capacitar bien a policías, ministerios públicos, peritos y jueces, que es donde aún hay debilidad, para evitar que haya impunidad y garantizar que toda persona pueda vivir en un país con seguridad y justicia, que es una característica de un país democrático.

Las deficiencias que pueda tener el nuevo sistema no pueden ser la causa para retroceder y volver a un sistema inquisitivo que no sólo viola derechos, sino que está demostrado que no funciona y que lo único que genera es gente en la cárcel, aunque muchos de ellos no hayan sido juzgados o sean inocentes.