Justicia perfectible

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“Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia.”
Paul Auster

El 18 de junio se cumple un año de que en todo el país se haya puesto en marcha el nuevo sistema de justicia penal, mejor conocido como de “juicios orales”. Los primeros resultados han levantado ciertas dudas sobre su eficacia y han generado una percepción de impunidad entre la ciudadanía, ya que hoy día quienes cometen un delito pueden enfrentar el proceso en libertad, salvo algunas excepciones, por lo que algunos sectores de la sociedad han señalado la necesidad de emprender reformas que eviten que los posibles responsables de delitos salgan libres fácilmente.

Se trata de un problema serio porque el nuevo sistema de justicia penal está basado en la presunción de inocencia y en el respeto de los derechos humanos. Esto no significa que los probables responsables no deban ser privados de su libertad mientras son juzgados, sino que es necesario justificar la necesidad de mantener en prisión a ciertos delincuentes.

En este sentido, el Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernador (Conago), una propuesta de reforma a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar dejar en libertad a quienes sean detenidos en flagrancia por delitos como la extorsión, robo de vehículos, robo a casa habitación, actividades conexas a la portación ilegal de armas de fuego, robo de hidrocarburos y feminicidio, porque se trata de delitos que en los últimos años han hecho gran daño a la sociedad y las bondades de nuestro nuevo sistema penal, están siendo aprovechadas por quienes se dedican a estas actividades para evadir su responsabilidad.

La propuesta del Gobernador también prevé que en el caso de delitos como lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y robo de combustible, los jueces puedan apropiarse de los inmuebles que usan los delincuentes para atacar sistemáticamente su estructura operativa y financiera, que permita acabar con sus operaciones ilícitas. A esto se le llama como extinción de dominio.

En relación a las víctimas, propone más medidas de protección para salvaguardar su integridad personal, la posibilidad de solicitar el uso de sistemas de geolocalización para asegurar la protección, así como considerar como prueba anticipada la declaración de menores de edad que se vean afectados por la comisión de un delito.

Se trata de una propuesta que debemos revisar con detenimiento para garantizar que esté a la altura de lo que la sociedad exige, cuidando desde luego el respeto a los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los probables responsables, sin embargo, de inicio responde de manera oportuna a las exigencias de la ciudadanía.

En los últimos años las formas de delinquir se han sofisticado y no necesariamente se recurre a la violencia para hacer un daño grave a las personas o a la sociedad, por lo que es importante que las leyes aseguren nuestra paz y tranquilidad con medidas efectivas, e incluso, con el uso de tecnologías.

En síntesis, la implementación de juicios orales no es un tema acabado, sino que debe perfeccionarse. Para ello, se debe reformar la ley y también debemos identificar todos los factores que en la operación están impidiendo que la justicia se aplique a todos para que como sociedad confiemos en nuestro sistema de justicia, por lo que la iniciativa del Gobernador del Estado de Hidalgo que ya ha sido respaldada por todos los gobernadores de la CONAGO, es un paso muy importante a fin de continuar la ruta crítica para su consideración en mesas de trabajo con Diputados y Senadores.