Mujeres y niñas violadas

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“La violencia racial, de género, sexual y
otras formas de discriminación y violencia,
no pueden ser eliminados sin cambiar la cultura.”
Charlotte Bunch.

En México, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 2011 a 2016 se registraron casi 3 millones de casos de violencia sexual que equivalen a 600 mil cada año y a mil 345 cada día, que en el 90% de los casos fueron cometidos en contra de mujeres.

En mi experiencia como legisladora, Presidenta del TSJH y como Presidenta Honoraria del DIF Coahuila he tenido conocimiento de violaciones a menores de edad, en muchas ocasiones cometidas por miembros de su propia familia o alguna persona cercana. También algunos de estos casos han sido cometidos en contra de niñas con discapacidad.

Si usted fuera el padre o madre de una niña que ha sido víctima de esta conducta, ¿qué haría?, exigiría que se aplique el protocolo para prevenir alguna enfermedad, un embarazo no deseado o para recabar todas las pruebas necesarias para castigar al responsable de estos dolorosos y reprobables hechos que ocurren cada 5 minutos en el país.

En la actualidad todos los Códigos Penales de las entidades federativas consideran legal el aborto en caso de violación y existe una norma oficial mexicana que debe aplicarse en estos casos, la cual, entre otra cosas señala que las instituciones de salud deberán ofrecer a la víctima un método anticonceptivo de emergencia, mejor conocido como píldora del día siguiente, dentro de las primeras 120 horas. De igual manera deben informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y ofrecer un método denominado profilaxis para eliminar riesgos.

No obstante, la falta de aplicación de esta norma tiene funestas consecuencias en las mujeres que son víctimas de violación, incluyendo poner en riesgo su propia vida. Esto ocurre por desconocimiento de la misma, derivado de la falta de capacitación, pues estos casos se consideran urgencias médicas y deben ser atendidos de inmediato.

En virtud de esta realidad un grupo de compañeras del PRI promovieron una reforma a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para revertir esta situación mediante programas de capacitación y evaluación para el personal del sector salud.

Desafortunadamente algunos legisladores y legisladoras, impulsados por el desconocimiento, prejuicios y una visión alejada de la ciencia y los Derechos Humanos, lograron que la mesa directiva presidida por la Diputada Guadalupe Murguía, retirara dicha iniciativa del orden día, lo que propició que otro grupo de diputadas de todos los partidos excepto del PAN tomáramos la tribuna para obligar la discusión y votación del mismo, acción que valió el compromiso de los órganos de gobierno de la Cámara de hacerlo la siguiente sesión que será mañana.

Sin duda las secuelas de una violación a cualquier mujer o niña son inimaginables, por ello es importante discutir las medidas que deben seguirse en estos casos y buscar los mecanismos para hacerlos valer.