Ni una más

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“De camino a casa quiero ser libre, no valiente” – Anónimo

Seguramente usted recuerda que hace unas semanas el país entero se conmocionó al conocer la historia de Mara, una joven de 19 años, que murió estrangulada tras haber sido violentada sexualmente, presuntamente por el chofer de un taxi que pidió a través de una aplicación para teléfono celular.

Casos como este marcan a la sociedad, son un reflejo de la violencia hacia las mujeres que en pleno siglo XXI no hemos podido erradicar. Tan solo en 2016 se registraron 313 feminicidios en nuestro país, por ello es importante reflexionar acerca de este delito que cobra no sólo la vida de cientos de mujeres, sino que daña a la sociedad entera.

Estos acontecimientos han generado que hoy en día, en prácticamente todas las legislaciones del país, se reconozca el delito de feminicidio, que es el asesinato de una mujer por motivos de género, es decir por el hecho de ser mujer.

Si bien son muchos los avances que a la fecha hemos alcanzado en materia de equidad e igualdad, no podemos dejar pasar desapercibido que la violencia contra las mujeres ya sea física, sexual, económica, psicológica o de cualquier índole, es un lastre que impide el desarrollo de nuestro país.

Una de las acciones que se han implementado para detener este grave problema, ha sido la creación de Centros de Justicia para las Mujeres, un organismo que alberga, bajo un mismo techo, a todas las instancias encargadas de la atención de la violencia. A la fecha existen en el país 37 centros en 25 entidades federativas, de los cuales 31 han sido construidos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En el caso de Coahuila, el estado cuenta con 5 Centros, uno en cada una de sus regiones, con la particularidad de que en este caso no solo están enfocados en la atención de la violencia y el acceso a la justicia, su modelo pone énfasis especial en el empoderamiento de las mujeres, entendiendo que para que una mujer salga del círculo de violencia, antes debe superar todas las condiciones sociales, educativas y económicas que la mantienen en ese entorno.

Cuando se detecta que una mujer está viviendo acciones de violencia, lo urgente es protegerla de manera real y efectiva, para ello uno de los mecanismos son las medidas de protección que pueden evitar en algunos casos que estemos frente a un feminicidio.

Actualmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé la existencia de órdenes de protección de emergencia que permiten que cuando el agresor sea la propia pareja deba desocupar de manera inmediata el domicilio, que se le pueda prohibir acercarse a la mujer o al propio domicilio y en general que se implementen los mecanismos necesarios para evitar cualquier acto de intimidación o violencia.

Sin embargo, estas medidas tienen una duración solo de hasta 72 horas, por ello, esta semana presenté una iniciativa de reforma para prolongar de manera indefinida esas medidas hasta que el riesgo haya cesado, de lo contrario, se expone a la mujer, por una disposición legal, a seguir siendo víctima de violencia, bajo condiciones en las que pudiera, incluso, llegar a perder la vida.

De igual manera esta iniciativa incorpora como medida de protección la suspensión temporal del agresor, del ejercicio de una determinada actividad laboral o profesional, cuando esta circunstancia incide en que siga profiriendo violencia en contra de las mujeres.

Las medidas de protección son clave en la eliminación de las causas que generan violencia hacia una mujer, pero también un mecanismo para asegurar su integridad física y emocional, por lo que esta reforma abonará a reducir el índice de feminicidios y a proteger de manera efectiva a las mujeres sin tener que esperar que un proceso termine pues durante esta etapa muchas cosas pueden pasar, incluso que el agresor reaccione con mayor violencia al ser denunciado. Detener los feminicidios requiere acciones inmediatas. ¡Ni una más!